El Gobierno postergó la entrada en vigencia de la Resolución 2155, que habilita a las entidades de medicina prepaga a aplicar aumentos en las cuotas de manera diferencial. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 3386/2024, establece un nuevo plazo hasta el 1 de diciembre para que las prepagas implementen estas directrices, una decisión que llega a pedido de las entidades del sector que buscan mayor tiempo para adaptarse.

La norma original, publicada a principios de septiembre, permite a las prepagas ajustar las cuotas de sus planes de acuerdo con las características específicas de cada cobertura y las condiciones regionales. 

Esto incluye la posibilidad de establecer variaciones en las tarifas según la existencia de copagos y la atención médica proporcionada en distintas zonas del país. Además, las entidades deben informar a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre los criterios utilizados para estos aumentos, brindando transparencia y claridad en sus prácticas comerciales.

La prórroga otorgada por la Superintendencia de Servicios de Salud representa tanto un alivio como una oportunidad para los empresarios de la medicina prepaga. Por un lado, les permite un tiempo adicional para ajustar sus sistemas de facturación y adaptarse a las nuevas normativas, lo cual es crucial para asegurar la correcta implementación de las medidas. 

Por otro lado, esta postergación plantea un escenario en el que las empresas deben prepararse de manera estratégica para cumplir con los nuevos requisitos en el momento de su entrada en vigor. La resolución también establece que los ajustes en las cuotas deben comunicarse a los afiliados dentro de los cinco días posteriores a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y proporciona un desglose detallado de los conceptos incluidos en la facturación mensual. 

Esto no solo exige una mayor atención en los procesos internos, sino que también representa una oportunidad para fortalecer la comunicación con los afiliados, un aspecto fundamental en la gestión de relaciones en este sector.

La Superintendencia subraya que la prórroga busca garantizar que las prácticas comerciales sean claras y éticas, maximizando el valor para los consumidores en un entorno competitivo. Para los empresarios del sector, esto significa que deberán estar preparados para demostrar un compromiso con la transparencia y la ética en todas sus operaciones, lo cual podría convertirse en un factor diferenciador en el mercado.