El proyecto habitacional Procrear II, que previó la construcción de más de 3.000 viviendas en el sur de San Miguel de Tucumán, se encuentra en una fase crítica. Desde su anuncio por el anterior Gobierno nacional en 2022, las obras han estado paralizadas, con un avance que apenas alcanza el 15% desde hace un año.

Recientemente, la gestión del nuevo gobierno de Javier Milei, perteneciente a La Libertad Avanza, ha decidido disolver este fideicomiso y otros similares, en concordancia con lo estipulado en el artículo 5° de la Ley de Bases. 

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre el futuro del Procrear II, en el sector de la construcción se han recibido señales que apuntan a la posible eliminación del programa. En este contexto, se han comenzado a considerar alternativas para reemplazar el plan de créditos, incluyendo la posibilidad de “provincializar” los trabajos.

Por otro lado, las empresas adjudicatarias del proyecto han recibido una nueva carta documento del Banco Hipotecario, actuando como agente fiduciario, en la que se les notifica la prórroga de la suspensión de los plazos de obra por otros 90 días. 

Esta decisión, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, ha generado descontento entre las firmas asociadas a la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), quienes continúan siendo responsables de la custodia y seguridad del extenso predio de 100 hectáreas.

En busca de alternativas

En este marco, los constructores están considerando rescindir los contratos firmados para el desarrollo de las distintas fases del proyecto, y las próximas reuniones con funcionarios de la Nación y la Provincia serán cruciales para buscar un acuerdo.

La eliminación del Procrear, un programa creado en 2012 durante la administración de Cristina Kirchner y relanzado por el ex presidente Alberto Fernández, ha suscitado preocupación. Desde el último trimestre de 2023, los empresarios del sector han reportado retrasos en el pago de los certificados de avance de obra por parte del gobierno, una situación que persiste bajo la nueva administración, que ha adoptado una postura crítica respecto al modelo tradicional de obra pública.

En caso de confirmarse la disolución del fideicomiso del Plan Procrear, surge la inquietud sobre el futuro de los proyectos en curso. Entre las opciones que se están evaluando se menciona la posible venta de las obras que tienen un alto nivel de ejecución, así como la transferencia de las obras a las provincias, una estrategia que ya se implementó con otros programas en junio pasado, como en infraestructura vial, mediante convenios con las distintas jurisdicciones, incluida Tucumán.

En Tucumán, la incertidumbre sobre el Procrear II se mantiene. En septiembre de 2022, bajo la jefatura de Gabinete de Juan Manzur, se había anunciado un emprendimiento habitacional que incluía 1.659 viviendas, 1.491 lotes con servicios y 50 locales comerciales. Las obras comenzaron en julio de 2023, con un plazo de 14 meses para su culminación. 

Sin embargo, tras iniciar la fase de infraestructura básica y conexión de servicios, las actividades se detuvieron por falta de financiamiento. Desde entonces, alrededor de veinte empresas han estado a la espera de una reactivación que, lamentablemente, no parece inminente.

Situación insostenible

La prórroga de 90 días para la suspensión de trabajos ha sido un golpe duro para las constructoras. Jorge Garber, presidente de la CTC, expresó su descontento, señalando que las expectativas del sector son negativas. 

En recientes encuentros con funcionarios nacionales, se anticipó la decisión del gobierno respecto al Plan Procrear, lo que ha llevado a las empresas a una situación crítica. Garber subrayó que no están en condiciones de seguir asumiendo la custodia de un predio que no les pertenece mientras la obra no avanza.

Los empresarios han respondido a la carta del Banco Hipotecario, enfatizando que el agente fiduciario no ha cumplido con sus responsabilidades. Ahora, los miembros de la CTC están evaluando diferentes estrategias de acción, que incluyen la rescisión de contratos, ya sea de forma unilateral o de común acuerdo, argumentando que se han apartado de las pautas estipuladas en los pliegos. 

Garber reiteró que es insostenible continuar con la vigilancia del predio y que se requiere el pago de lo que se les adeuda, que incluye certificados de obra, actualizaciones de precios, intereses por pagos atrasados y gastos de custodia asumidos durante más de un año.