Argentina recibirá U$S 3.800 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. El dinero se repartirá en el plazo de dos años.

La noticia fue confirmada por IIan Goldfajn, presidente de la entidad financiera, desde donde precisaron que U$S 2.400 se completarán este año y serán orientados al sector público. El dinero restante, durante los próximos dos años, será utilizado en proyectos privados que se llevarán adelante en el país.

Respecto del dinero destinado al sector público se supo que va a ser usado para mejorar la eficiencia del gasto, cubrir subsidios energéticos y  para la protección social. Los montos para el sector privado, en tanto, serán volcados a 20 proyectos relacionados a agronegocios, infraestructura, energía y minería, entre los que se encuentran tres iniciativas vinculadas al litio.

En una nota brindada por Goldfajn, el propio referente indicó que las reformas van a ayudar a la Argentina a liberarse de su propia historia. El presidente del BID declaró también la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado y añadió que para superar las recurrentes crisis de un país se necesita "un sector público más eficiente y un sector privado dinámico, que genere oportunidades y sirva como motor de crecimiento".

Además, valoró lo hecho hasta el momento por el gobierno del presidente Javier Milei en materia económica argumentando principalmente que “en solo siete meses ha conseguido progresos destacables para restaurar el muy necesario equilibrio fiscal, pasando de un déficit del 2,9% del PBI a multas de 2023 a un superávit de 1,5% a multas de agosto de este año".

Goldfajn consideró que se debe seguir en esa línea y seguir optimizando el gasto público y aseguró que el BID "está trabajando de cerca con el Gobierno para mejorar la eficiencia del gasto y reforzar la protección social".

Para concluir, opinó que una verdadera y sostenible transformación del país depende de la interacción entre un sector privado que aproveche las oportunidades para crear trabajo y motorizar el crecimiento, y un sector público que provea una regulación afinada y fuerte protección social, de modo de crear un ciclo de estabilidad y crecimiento sostenido.