El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la disolución del programa Procrear, que desde 2012 había sido un pilar de acceso a la vivienda con créditos subsidiados, ha generado una serie de reacciones y consecuencias, especialmente en provincias como Tucumán, donde el futuro de un importante proyecto habitacional se ve amenazado. El cambio de rumbo del Ejecutivo nacional marca un nuevo enfoque en la política habitacional, que busca potenciar la actividad privada en el sector. Sin embargo, en Tucumán se buscó alternativas para salvar las obras inconclusas, y la situación parece llegar a buen puerto.

El Decreto 1018/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, oficializó el fin del modelo Procrear tal como se conocía hasta ahora. El programa, que ofrecía líneas de crédito subsidiadas por el Estado para la construcción de viviendas, será reemplazado por una estrategia que fomente la participación del sector privado en el desarrollo habitacional.

El Gobierno nacional argumenta que la inflación persistente y los altos costos de los créditos han hecho inviable mantener este tipo de subsidios, dejando a amplios sectores de la sociedad sin acceso a la vivienda. Según se explicó en los considerandos del decreto, las reformas recientes en el sistema financiero, impulsadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), permitirán una mayor disponibilidad de créditos hipotecarios a través de las entidades bancarias, aunque el impacto de estos cambios aún está por verse.

El impacto de esta decisión impactó de manera inmediata en Tucumán, donde el proyecto del barrio Procrear II enfrenta serias dificultades. La obra, que lleva más de un año paralizada, se encuentra en un punto crítico tras el conflicto entre las empresas constructoras y el Banco Hipotecario, agente fiduciario del proyecto. El malestar de las constructoras, que no han recibido los pagos acordados, las llevó a rescindir unilateralmente los contratos y a anunciar que abandonarán el predio de 100 hectáreas ubicado en la zona sur de San Miguel de Tucumán, donde se proyectaba el mega barrio.

Por esta razón, el Gobierno de Tucumán inició gestiones para encontrar soluciones alternativas y envió a los ministros Daniel Abad (Economía y Producción) y Marcelo Nazur (Obras Públicas y Servicios) a reunirse con el secretario de Hábitat de la Nación, Rodrigo Aybar, para explorar posibles vías para salvar las obras. 

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El futuro del proyecto

Cabe destacar que una posible solución era la provincialización del proyecto, una modalidad que se aplicó con éxito en otras obras públicas en jurisdicción federal. Pese a que, en el caso del Procrear II, este proceso presenta desafíos adicionales, debido a que la obra está administrada por un agente fiduciario y está en medio de un conflicto con las constructoras que reclaman el pago de una deuda millonaria, el Gobierno provincial pudo avanzar con éxito en la gestión.

Recientemente se oficializó una carta de intención firmada por las autoridades provinciales con sus pares de la Nación en la que se pacta que el Procrear pase a depender del Gobierno provincial y se pueda avanzar en las obras paralizadas. Se trata de un primer paso que habilitó al equipo técnico tucumano a trabajar en la elaboración de un proyecto conjunto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en donde a través de la letra chica del pase quedarán explícitos todos los detalles del acuerdo.

"Logramos que la Nación, producto del diálogo, del entendimiento y la reciprocidad, luego de la reunión del ministro de Economía con funcionarios nacionales, nos firme una primera acta donde se le transfiere a la Provincia el programa Procrear II", sostuvo el gobernador Osvaldo Jaldo.

Según informó el Gobierno, el Procrear II es el emprendimiento habitacional más importante de la provincia. El proyecto contempla la construcción de 3.100 unidades habitacionales y, de acuerdo a los datos de la Cámara Tucumana de la Construcción, generará alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos.