A ocho meses de la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública en todo el territorio nacional, la situación en el sector es crítica. El parate acorraló a las empresas, que tienen deudas millonarias por cobrar por parte del Estado, dejó sin empleo a cerca de 200.000 trabajadores (directos e indirectos) e incluso provocó la caída del despacho de cemento en términos interanuales y una merma en la producción de hierro, entre otras consecuencias.

En Tucumán, debido a la declaración de la Emergencia en Obra Pública, el panorama es levemente distinto. La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo fue la de utilizar fondos provinciales para continuar obras claves como aquellas del ámbito educativo y de seguridad. No obstante, el contexto tiene en vilo a los contratistas y empresas constructoras.

“La realidad a nivel nacional es que hay más de 3.000 obras paralizadas, más de 100.000 obreros con seguro de paro y otra cantidad igual en distintas industrias proveedoras o con relación directa con la construcción, también con algún tipo de seguro de paro o despedidas”, explicó el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber. En diálogo con Norte Económico, el ingeniero manifestó su preocupación y resaltó que “en lo macro la construcción cayó tremendamente por octavo mes consecutivo, como no pasaba desde 2002”.

Según Garber, la parálisis de la obra pública derramó también consecuencias negativas sobre la obra privada. “La obra pública fue la dinamizadora de la economía en los últimos 30 años. El estar parada llevó a la construcción en sí hacia abajo. Al margen de que no hay un buen clima para el inversor para llevar adelante nuevos emprendimientos, la obra privada también está en un momento difícil y los inversores no están apostando a nuevos desarrollos, sino terminando algunos del año pasado a un bajo ritmo producto de una inestabilidad cambiaria y otras variables económicas que no son propicias para nuevos proyectos”, manifestó.

En este sentido, precisó que “el despacho de cemento esté en la mitad del interanual respecto del año pasado; la fábrica de hierro de Acindar trabajando al 30 por ciento; y una industria de la construcción en franca caída sin poder remontar”.

En este contexto, el referente opinó que a nivel nacional no va a ver una mejora hasta que no haya un plan estabilizador. Si bien reconoció que “había una inflación muy alta y era necesario buscar un equilibrio fiscal”, consideró que tal equilibrio se lo logró en parte “no pagándoles a los proveedores de las obras públicas”. Al respecto, dijo: “En algún momento habrá que pagarles, incluyendo los intereses. Se debe mucha plata a contratistas y empresas constructoras. Entonces no solamente se está perdiendo un patrimonio importante que se invirtió en obras de gran porte a nivel nacional, sino que no se pagó a los contratistas y ellos están a la espera. Esto llevó a una situación complicada a muchas empresas que ya están asesorándose con sus abogados y podrían terminar en juicios al Estado”.

Por el momento, el panorama es completamente incierto. Nada asegura que el dinero adeudado vaya a aparecer.

“Tiene que dar una respuesta porque hay un contrato de locación de obra y en el medio hay un contratista y un comitente, que es el Estado. La situación es que el comitente tiene que pagar y el contratista debe ejecutar la obra. Acá las obras se pararon porque el comitente no paga. Se produjo el dolo y hay una parte en flagrante incumplimiento, por lo que la otra parte va a reclamar lo que le deben, con todos los daños y perjuicios que acarrea esta situación”, reclamó Garber. Y agregó: “Además de lo complicados que estamos nos vemos en la obligación de custodiar las obras, de hacernos cargo de predios enormes para que no sean usurpados o vandalizados. Creo que tiene que haber un momento en que el Estado deberá buscar una solución. Las empresas no están perdiendo la paciencia, ya están llegando al límite”.

La situación en Tucumán

De momento, resaltó el presidente de la Cámara, los únicos fondos que existen a nivel local para para ejecución de obras son los provinciales.

“En Tucumán la situación es un poco distinta porque el Gobierno de la provincia tuvo a la obra pública como política de Estado y haya por enero el gobernador Jaldo decidió declarar, en base a una petición que hice como representante de los constructores, la Emergencia en Obra Pública”, señaló Garber.

Posteriormente, recordó: “En ese momento se neutralizó el plazo de obra de todas las obras públicas que se estaban ejecutando en Tucumán. Luego de dictada la ley provincial se reanudaron obras que el Gobierno consideraba prioritarias, como las educativas y de seguridad, con fondos íntegramente provinciales”. Del mismo modo, se sumaron luego obras de saneamiento, vialidad y próximamente lo harán las de viviendas, que serán llevadas adelante por el IPV con Fondos Fo.Na.Vi (Fondo Nacional de la Vivienda), adelantó el ingeniero, quien precisó que una de esas será la de Manantial Sur, donde faltan concretar 150 viviendas de las 2.500 totales.